Bueno, olvidémonos un poco del concepto
objetivo de justicia, pues ya vimos que es prácticamente imposible llegar a un
consenso respecto a él. Anclados en este sistema positivista, hablemos entonces
de "justicia" institucional. Para ello y a pesar de que
prometimos no meter demasiado contenido normativo, nos vemos en la necesidad de
arrepentirnos por un momento y remitirnos a un extracto del contenido del
artículo 17 de la Constitución.
"Artículo 17. Ninguna persona
podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su
derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos
que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa
e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas
las costas judiciales..."
Desmenucemos ahora el contenido de estos
primeros párrafos del precepto. Bien, respecto a que ninguna persona podrá
hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho,
podemos ver que suena como algo que debería ser lo ideal en aras de una sana
convivencia social; sin embargo, luego observamos con tristeza que no es así,
que la población, harta de que el sistema jurídico institucional no resuelva
sus demandas, hacen caso omiso ante esta prerrogativa. Ejemplos de esto sobran
por todos lados, desde la defensa de grupos de población con palos y machetes
ante la negligencia e incluso el dolo de las autoridades, hasta el asunto del
ladrón linchado en un asalto fallido.
Notas rojas como éstas ya no son algo que
desconcierte a la población, ésta parece ya acostumbrada a ese tipo de
noticias. Es triste ver que ya no se confía en la maquinaria jurisdiccional
para la resolución de conflictos, las personas prefieren recurrir a sus propios
medios para resolver sus conflictos, a veces con dinero o peor aún, con la
violencia.
Además, en este rubro, cabe echar un
vistazo al papel de los abogados, el cual está también bastante denostado. Para
comenzar, muchas personas piensan que el objetivo principal de nuestra
profesión es el robo. Que solamente ese es nuestro objetivo, cuándo podemos
sacar del cliente, para luego escapar sin resolver sus problemáticas. No es su
culpa, ya que efectivamente, muchos "abogados" hacen eso realmente.
Entonces, ante la disyuntiva entre pagar grandes cantidades por la resolución
de sus asuntos además de esperar mucho tiempo, y el resolverlos por su cuenta,
la decisión que toman es obvia.
En el siguiente párrafo, se habla de que
toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales,
en los plazos y términos que fijen las leyes. Respecto a esto, si bien los
términos están establecidos en los códigos adjetivos de cada materia, los
plazos muchas veces son prorrogados por "exceso de trabajo" o por
razones que la burocracia judicial o administrativa ya no halla cómo
justificar.
Ahora bien, en el rubro destinado a que
los tribunales deberán emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e
imparcial, podemos encontrar más tela de donde cortar. Existen resoluciones que
tardan años en emitirse, muchas veces no resuelven el conflicto en su totalidad
y además, igualmente son producto de un criterio parcial del juzgador.
Por último, está el tema de la gratuidad
en las costas judiciales, otra mitología de la práctica judicial. Si bien es
cierto, no podemos generalizar en este aspecto, también es verdad que es muy
triste ver que en muchos tribunales o dependencias no sólo nos piden, sino que
incluso nos exigen una determinada cantidad de dinero por la atención o la “agilización”
de algún trámite, y de la ejecución de sentencias, ya mejor ni hablamos.
¿Qué hacer ante este panorama que parece
pesimista, pero que es el que se vive en el mundo real de México?
Creo que lo único que nos queda es
únicamente realizar el papel que nos toca, ya sea desde el lado del aparato
estatal o desde la defensoría de los intereses de nuestros clientes. No pedir
más de lo que efectivamente nos corresponde en nuestro rol social, debería ser
un buen comienzo, además de tratar de ponernos en el lugar del otro para
entender mejor sus demandas. ¿Para qué exigir dádivas extras cuando recibimos
un salario por realizar nuestro trabajo? Si nos parece que no es suficiente,
entonces busquemos un empleo mejor. Si defendemos del otro lado los intereses
de nuestros clientes, ¿por qué no representarlos y comprometernos de verdad con
su causa? ¿Para qué ofrecer dinero por un servicio que es gratuito? No podemos
quejarnos por la inestabilidad y mal manejo del sistema si contribuimos a él
entrando en ese círculo vicioso de la deshonestidad y la corrupción.
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